La Corte Penal Internacional (CPI) dictó este jueves órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Nentayahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado.
Los jueces también aprobaron la orden de apresamiento de Mohammed Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí lanzado el pasado junio contra la Franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista.
La decisión convierte a Netanyahu y a los demás en sospechosos buscados internacionalmente y es probable que los aísle aún más y complique los esfuerzos para negociar un alto el fuego que ponga fin al conflicto de 13 meses.
Sin embargo, la orden de captura internacional podría no tener efecto sobre Netanyahu, pues Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros de la corte y varios de los funcionarios de Hamas han muerto posteriormente en el conflicto.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo en septiembre que había presentado dos escritos legales desafiando la jurisdicción de la CPI y argumentando que el tribunal no le dio a Israel la oportunidad de investigar las acusaciones por sí mismo antes de solicitar las órdenes de captura.
“Ninguna otra democracia con un sistema legal independiente y respetado como el que existe en Israel ha sido tratada de esta manera perjudicial por el Fiscal”, escribió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein, en X. Dijo que Israel se mantiene “firme en su compromiso con el estado de derecho y la justicia” y continuará protegiendo a sus ciudadanos contra la militancia.
La CPI es un tribunal de última instancia que solo procesa casos cuando las autoridades policiales nacionales no pueden o no quieren investigar. Israel no es un estado miembro del tribunal. El país ha tenido dificultades para investigarse a sí mismo en el pasado, según afirman los grupos de derechos humanos.
A pesar de las órdenes de arresto, es poco probable que ninguno de los sospechosos comparezca ante los jueces de La Haya en un futuro próximo. El tribunal no cuenta con policías para hacer cumplir las órdenes de arresto, por lo que depende de la cooperación de sus estados miembros.
Por: EFE/AP
Edición: LA
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