El juez de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Franny González Castillo, se declaró incompetente para conocer la acción de amparo interpuesta por el empresario canadiense Antonio Carbone contra la Procuraduría General de la República (PGR).
El magistrado González Castillo indicó que la jurisdicción a la que corresponde conocer la instancia es la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Sin embargo, el juez del tribunal de garantías indicó que es notorio el deterioro de la salud del empresario canadiense.
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De su lado, el abogado de Carbone, Ysmael Molina Carrasco, dijo no entender por qué los abogados de la Fiscalía del Distrito Nacional (FDN) y la Procuraduría General de la República se oponen a que al extranjero se le restablezca el derecho a la salud y a la vida.
El jurista advirtió que acudirán a las instancias que sean necesarias para que al empresario canadiense le levanten la medida de coerción de garantía económica y grilletes electrónicos impuesta desde el 4 de enero del 2017.
Sostuvo que harán valer las sentencias TC/0515/23 que anuló la sentencia condenatoria en contra de Carbone el 17 de agosto de 2023 y que la No. 042/2024-SSEN-00006 del 19 de enero del 2024 también favorecen al inversionista extranjero.
De su lado, el inversionista indicó que con lucha busca que se garanticen los derechos fundamentales de todo el que se encuentre en la República Dominicana.
En las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se apostaron representantes de la Coalición Santo Domingo contra la Corrupción (SDCC), presidida por Armando Féliz, Frente Internacional contra el Narcotráfico (FICN), así como representantes de la Asociación Dominicana de Medios Integrados (Asodomedi) y dirigentes comunitarios, que se unieron al llamado para que se cumplan las sentencias que favorecen al inversionista extranjero.
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